San
Francisco de Campeche, Camp; a 14 de mayo del 2012.
COLECTIVO PRO DERECHOS HUMANOS “MOCH
COUOH”
REPRIME GOBIERNO DEL ESTADO A MANIFESTACIÓN
DE COLONOS DE “KIN-HA”
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A 11 días de iniciar el conflicto, el
Gobernador Fernando Ortega Bernés, demuestra su cerrazón a solucionar al
conflicto.
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Cerca de 500 familias llevan 11 días luchando
por hacer efectivo su derecho constitucional a una vivienda.
Los Hechos:
A las 10 de la mañana, los colonizadores de la colonia irregular Kin-Ha,
ubicada al sureste de la capital del Estado, San Francisco de Campeche,
Campeche; marcharon por los bordes del primer cuadro de la ciudad, conocido
como Circuito Baluartes hasta llegar al Palacio de Gobierno del Estado, para
exigir una mesa de diálogo con el Gobernador, Fernando Eutimio Ortega Bernés,
para darle solución al conflicto de posesión y legalización de tierras en
esta colonia.
Cuando llegaron, agentes de gobernación les dijeron que para
las 3 pm ya tendría solución el problema, por lo que los manifestantes
decidieron rodear las entradas del palacio a modo de presión, puesto que las
puertas de acceso al edificio, llevan diez días cubiertas con vallas y
vigilancia, luego de la primera manifestación por el mismo conflicto.
Los policías que resguardaban la zona, amenazaban a la gente diciéndoles
que para la hora de salida de los burócratas, "abrían paso, porque
abrían". En el sótano del Palacio estaban preparados cerca de 30 elementos
con ropa de civil, sin insignias, pero con equipo de granaderos, que desde
ahí golpeaban a la gente cuando se acercaban demasiado al acceso y amenazaron a
una señora de la tercera edad -"Cuando te veamos en la calle te vamos a
romper la madre, ya sabemos quién eres". Al poco tiempo, la Policía
Estatal Preventiva (PEP) desplegó 20 granaderos, para cubrir las puertas
principales del Palacio.
A las 3 pm, con todo ese operativo, se
difuminaron las señales de un diálogo, por lo que los manifestantes ya
indignados, dijeron que no dejarían salir a nadie del Palacio de Gobierno,
hasta que se viera voluntad de solución por parte de las autoridades.
Un agente de gobernación identificado con el apellido de Sabido, dijo
que entraran 5 representantes a dialogar y que se retiraran los demás. Entraron
los representantes, pero los manifestantes se negaron a replegarse, por temor a
que no dejaran salir a los que ingresaron, temor no infundado ante la
demostración del poder represivo del Estado, como se vería más adelante.
Ante tal respuesta, el funcionario de apellido Sabido, actuando con
clara irresponsabilidad y provocación, comenzó a rumorar entre los empleados
del Palacio que ya se había propuesto una "solución", pero que los
manifestantes no los iban a dejar salir, por lo que los empleados comenzaron a
agredir verbalmente a los manifestantes y algunos de ellos comenzaron a
salir por la fuerza, acusando de secuestradores a los colonos que protestaban. Esto
calentó los ánimos de la gente, y el gobierno lejos de tomar una posición de
concilio, mandó desplegar más elementos policiacos, aproximadamente 50, algunos
con uniforme de granaderos, y más de la mitad vestidos de civiles pero con
chalecos antibalas, cascos, macanas y sin insignias oficiales.
En este momento aparecieron Jackson Villacís Rosado, Secretario de Seguridad Pública y Protección
a la Comunidad y Renato Sales Heredia, Procurador General de Justicia del
Estado de Campeche, según para entablar un "diálogo" con la gente
(cuando se suponía que adentro había diálogo con los representantes), para que desbloquearan los accesos al
palacio, a lo que un manifestantes contestó “que saquen a los policías del
terreno y sale (de las puertas de Palacio) la gente”. Finalmente los funcionarios
expusieron su reiteración de que no les darían los terrenos, porque ya
tenían propietario y ellos requerían documentación (sic), ante lo cual fueron
increpados por los manifestantes, sobre todo respecto del día en que los
sacaron a balazos y golpes de los predios, por parte de agentes ministeriales y,
tanto Villacís como Sales, negaron que hayan ordenado dicha acción. Villacís
amenazó "Dejen de meterse en problemas, que los van a chingar", ante
lo cual los manifestantes le recriminaron su actitud, a lo que contestó
"no es amenaza, pero así es la ley".
Sin decir más, Villacís, empujó la valla que lo separaba de los
manifestantes, y los elementos que iban sin uniforme pero con equipamento, salieron
a formar un obstáculo entre el funcionario y las personas, luego de lo mismo,
Villacís empujó de nuevo la valla, golpeando con ella a una señora de las que
protestaba y entonces el resto de los elementos salieron ya empuñando las
macanas y golpeando sin distinción y sin razón justificable a los
manifestantes. Luego formaron otra valla para abrir el acceso de salida a los
empleados del Palacio y al término cerraron las puertas del edificio y los
elementos sin uniforme ingresaron junto con los funcionarios
Villacís y Sales. Afuera quedaron el resto de los granaderos.
Durante hora y media no hubo noticias de lo que sucedía dentro en las
negociaciones y los manifestantes ya estaban más tranquilos. De momento,
cuando vieron que venían aún dentro del Palacio los representantes, la gente se
aglutinó frente a la puerta del palacio que da a la calle 8 del centro, y los
policías cerraron al instante los accesos, pero al voltear una de las representantes,
notaron que venían sujetados por los agentes y los manifestantes corrieron hacia
la otra puerta que da al Circuito Baluartes. Ahí corroboraron que una
representante de los colonos, identificada como Doña Jerónima Chan López venía
sujeta por dos elementos de los que no traían insignias, ella gritó "me
llevan presa" y al momento sus captores la tomaron violentamente del pelo
y la volvieron a meter al palacio.
Ante estos hechos represivos, los manifestantes se enojaron por la falta
de voluntad de negociación y que las autoridades pretextaran el diálogo
para detener a sus representantes, por
lo que reaccionaron lanzando piedras hacia los cristales del palacio, pidiendo
que los dejaran en libertad, por lo que los elementos policiacos al interior,
cerraron todos los accesos al edificio.
Se mantuvo la misma situación cerca de 20 minutos, hasta que se
escucharon sirenas que iban hacia el lugar, por lo que la mayoría de los
manifestantes se dispersaron, salvo algunos, que recibieron la primera cargada
de elementos que llegaron en camiones antimotines, que detuvieron a varios de
ellos.
Hay que destacar que los elementos que llegaron, venían armados y fueron
enviados para disuadir violentamente la protesta. Un grupo de ellos se apostó a
la altura de un banco, bloqueando los accesos de la calle 8 y otros hacia el
otro lado del Palacio, bloqueando el circuito baluartes. Destacamos el
caso de dos elementos que golpearon con macanas a una señora de la tercera
edad, que no pudo defenderse, hasta dejarla tendida en el suelo. Luego
emprendieron la retirada los elementos policiacos e hicieron formación en línea
y comenzaron a golpear los escudos con las macanas, marcando el paso de forma
intimidante en su lugar.
Sin previo aviso, los granaderos que bloqueaban la calle 8 se abalanzaron
sobre un grupo de manifestantes que se encontraban cercanos a ellos, sobre la
acera de un restaurante de la zona y los que estaban sobre el circuito
baluartes hicieron lo mismo, golpeando a los manifestantes que se encontraban
sobre la Plaza de la República. En esta acción represiva se llevaron a varios
detenidos y dejaron personas heridas, entre quienes resaltaban mujeres y
personas de la tercera edad.
En este momento apareció un supuesto agente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, que fue interrogado por un miembro de nuestro colectivo, por
los hechos que se suscitaban, a lo que expresó que lo único importante era
retirar a los heridos, pero haciendo caso omiso al hecho que señalamos, de que
notara que las agresiones fueron realizadas por elementos policiacos, cargando
principalmente sobre personas indefensas, que no se encontraban realizando
ningún altercado.
Los granaderos volvieron a asumir la formación y en ese momento el
agente de gobernación de apellido Sabido, señaló hacia donde estaba un
compañero integrante del Colectivo Pro Derechos Humanos "Moch Couoh"
tomando video, por lo que tuvo que emprender la huída al ser agredido por los
elementos represivos, resguardando a tiempo el material y la cámara.
Luego de esto, no pudimos registrar lo que siguió en los hechos, ni
podemos determinar la cantidad de personas heridas y detenidas por la
represión, de los cuales sólo pudimos enterarnos por la prensa, que se les
acusa de “despojo y daños a propiedad ajena”, bajo órdenes de aprehensión que
existían con anterioridad a la fecha de hoy, demostrando con esto la falta de
voluntad para solucionar el conflicto por parte del Gobierno.
Ante estos hechos:
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Como colectivo Pro Derechos Humanos,
responsabilizamos directamente de esta represión al Gobernador de
Campeche, Fernando Eutimio Ortega Bernés, al Secretario de Seguridad Pública y
“Protección” a la Comunidad, Jackson Villacís Rosado, y al Procurador General
de “Justicia”, Renato Sales Heredia; destacando la falta de voluntad para
realizar un diálogo cívico frente a ciudadanos que, únicamente, reclamaban su
derecho a obtener una vivienda, ya que el despliegue de un operativo con
granaderos no es una muestra de tal disposición, y menos cuando detienen
con alevosía y ventaja a los representantes que se encontraban dentro del
palacio, en un supuesto “diálogo”.
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Libertad inmediata a los manifestantes.
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Denunciamos así mismo el uso de elementos
policiacos sin insignias identificables, pero sí equipados como antimotines,
que fueron los que principalmente realizaron las acciones represivas, golpizas
y detenciones arbitrarias.
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Reclamamos al Gobernador, que establezca una
política, JUSTA y SOLIDARIA, frente a las miles de personas en la ciudad y al
interior del Estado, que se encuentran en situación de pobreza y que no pueden
acceder a créditos para obtener una vivienda, en vez de seguir reprimiendo
movimientos de colonización (peyorativamente llamados “invasores”), generando
irresponsablemente desde el Estado, una situación de inestabilidad social.
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Exigimos a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, un pronunciamiento y las respectivas recomendaciones, frente a las
violaciones al derecho de los manifestantes y las detenciones arbitrarias
durante un proceso de negociación, que ocasionaron la confrontación de los
manifestantes con los elementos represivos. Así mismo, que realicen una
investigación a fondo, sobre los ataques con disparos, por parte de los
ministeriales, a los colonos de Kin-Ha
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Del mismo modo, reclamamos a la prensa
imparcialidad en la información de los hechos.
ATENTAMENTE
COLECTIVO
PRO DERECHOS HUMANOS “MOCH COUOH”
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO:
Nuestro Colectivo Pro Derechos Humanos “Moch Couoh”, comenzó a dar
seguimiento a este caso, a partir del día 3 de Mayo de 2012, cuando se realizó
una manifestación previa por parte de los colonos, en el Palacio de Gobierno
del Estado, para exigir una solución a su situación.
De información que recopilamos entre los manifestantes, aseguran llevar
aproximadamente un mes de haber ocupado predios ociosos, en las inmediaciones
del balneario popular “Kin-Ha” (por lo cual bautizan el asentamiento humano con
dicho nombre), ante la imperante necesidad de adquirir terrenos para
construirse un hogar, ya que al ser personas de escasos recursos y viviendo del
subempleo, carecen de acceso a créditos para obtener una vivienda.
Sin precisar fecha, nos contaron que una mañana mientras limpiaban el
predio, llegaron policías, supuestamente judiciales, y con disparos al aire los
sacaron del lugar, estando presentes principalmente mujeres, niños y personas
de la tercera edad. Ante esto, decidieron protestar frente al Palacio de Gobierno
del Estado, donde agentes de la Secretaría de Gobernación les dijeron que
habría solución al conflicto, pero que se mantuvieran fuera de los terrenos
durante una semana. Mientras esto sucedía, la Policía Estatal Preventiva,
cercaba una parte del terreno, donde colocaron un letrero, en el que se le
adjudica la propiedad del mismo al ISSSTE Campeche. Por otra parte, elementos
armados de la Secretaría de Marina y la Policía Ministerial, mantenían guardias
en la parte del predio que se adjudica al particular Rafael Castilla Azar,
dueño del balneario popular Kin-Ha.
Posteriormente, decidimos acudir a las inmediaciones de los terrenos,
donde impartimos un taller sobre “El Derecho a la Vivienda”, donde pudimos
ahondar en el conflicto y supimos que fueron citados para una semana después
(el día 3 de mayo fue jueves, así que la cita sería el siguiente jueves, 10 de
mayo) para otra sesión de diálogo, la cual no se efectuó, pues no se laboró el
día indicado.
Para esto, ya se había cumplido el plazo de los 8 días de espera para
solucionar el conflicto que indicó el gobierno, quien un día antes mandó a
rodear el edificio gubernamental con antimotines, por si llegaba una
manifestación. Esto demuestra la actitud que tomarían los funcionarios frente
al conflicto, previamente al encuentro de hoy.
Así llegamos hasta este día 14 de mayo, con la manifestación para exigir
solución nuevamente, pero que fue interrumpida por la brutal represión antes
narrada y que terminó en decenas de heridos y la detención de una cantidad
indefinida, aún, de colonos.
El gobierno no tiene una política de vivienda
para las personas de escasos recursos y en el subempleo.
Estos hechos, son similares a los que cubrimos anteriormente en
Champotón, donde se organizaron vecinos de las colonias irregulares “Mirador” 1
y 2, en la organización popular “Unión de Vecinos en Defensa de la Vivienda”
para exigir la regularización de predios que se adjudica (sin evidencias) el
empresario Romeo Cardeña Uribe. Son una demostración de que no existe una
política de vivienda para beneficiar a las miles de personas que en la capital
y al interior del estado, no poseen un hogar propio, se encuentran en situación
de pobreza y, usualmente, viviendo del subempleo.
La realidad es que las únicas políticas de este tipo, están dirigidas
para personas que poseen plazas de trabajo en el sector público (la burocracia)
y en menor grado empleados del sector privado, y que, por lo regular, ya poseen
una vivienda o están en condiciones económicas de adquirir alguna. Sin denostar
el derecho de estos a ampliar su patrimonio, se impone el hecho de que existen
muchas más personas que no tienen las mismas condiciones y deciden ocupar
terrenos ociosos para organizar colonias irregulares.
Sin embargo, los gobiernos estatal y federal, no tienen una propuesta
para solucionar esta situación y, por el contrario, han adoptado una política
de cero tolerancia frente a lo que llaman, despectivamente, “invasiones”;
reprimiendo y desalojando con violencia a los asentamiento humanos irregulares.
Esto, lejos de establecer un clima de legalidad (como presumen), está generando
tensión e inestabilidad en importantes y numerosos sectores de la sociedad, ya
que no les ofrecen alternativas para que adquieran un espacio dónde construirse
una vivienda (ya ni siquiera decir, una vivienda digna).
Esto es una evidencia de que es urgente plantear una Reforma Urbana,
tanto a nivel local como nacional, para poder darle solución a esta situación
que es la de millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema por todo el
país y que, aunado, no cuentan con un empleo que les permita obtener salarios
dignos para procurarse lo elemental para la vida, como son salud, vivienda,
educación, vestido, e incluso alimentación.
Por eso denunciamos la urgencia de que los gobiernos dejen de reprimir a
las colonizaciones de personas pobres para procurarse un hogar, y comiencen a
plantear soluciones viables, a partir de la realidad socioeconómica en que
viven millones de personas en el país y, particularmente, en Campeche.
¡Vivienda digna para todas y todos!
¡Cumplimiento cabal del artículo 4to
Constitucional!
¡Alto a la represión a la protesta y a la
criminalización de la Pobreza!
Colectivo Pro Derechos Humanos “Moch Couoh”
